El Regreso del Idiota.

Hace más de una década, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza publicaron el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, texto que consiguió retratar verazmente en sus páginas a aquel típico gobernate populista y mercantilista responsable de que, en la mayoría de países latinoamericanos, el decenio de los 80 fuera conocido como la década perdida.

Aunque ahora se desvive tratando de mostrarse como un gobernante moderno, convencido de las bondades del mercado, Alan García, durante su primera gestión hizo los "méritos" suficientes para personificar en la realidad al personaje que era tema de aquel libro escrito a seis manos.

Incluso últimamente el primer mandatario ha dado muestras de aún lleva dentro de sí ,el espíritu de aquel idiota que condujo los destinos del Perú durante la segunda mitad de la década de los 80. Claro está, ahora sus arranques son más contenidos y se llevan a la práctica mediante medidas más "sofisticadas" que un burdo control de precios o la simple impresión de papel moneda sin valor.

Prueba de ello es la reciente aprobación del reglamento la Ley N° 29231: Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de Materiales, mediante el cual se permite la condonación de deudas contraidas por prestatarios en extrema pobreza o que padezcan alguna discapacidad grave. Según el Gobierno, esta medida beneficciaría a 267 mil familias pobres a nivel nacional.

Sin embargo, cabe preguntarse si los S/. 570 millones que implica la implementación de esta decisión, no pudieron ser mejor empleados a través de políticas más focalizadas que beneficien directamente a los sectores donde se quiere llegar.

En un contexto de recursos fiscales cada vez más escasos, si ya existen entidades como CONADIS o el propio MINDES, más especializadas en el diseño de políticas sociales dirigidas a estos grupos afectados, hubiese sido más eficiente emplear estos fondos en ampliar la cobertura de sus diversos programas que ellas llevan a cabo.

Todo esto sin contar con el pésimo precedente en términos de incentivo al riesgo moral (para qué me preocupo en cumplir con mis pagos si siempre el Estado va a perdonarme la deuda en último momento) que esta medida representa.

En la misma línea va la disminución de la cuota inicial en los programas MIVIVIENDA de 10% a 1%. Si los usuarios piensan ingenuamente que esta política facilitaría su acceso a una vivienda, valdría recordarles que el aparente menor desembolso de dinero de hoy, se verá reflejado posteriormente en mayores cuotas mensuales o plazos más largos en los préstamos.

De otra parte, el ánimo mercantilista de algunos empresarios deseosos hacer rentables sus negocios a costa de favores estatales, parece haber calado en el Ejecutivo, la evidencia más reciente de esto son los S/. 75 millones, provenientes del bolsillo de los contribuyentes, que se emplearían para aliviar situación financiera de la minera DOE RUN, so pretexto de proteger los puestos de trabajo que esta empresa genera.

Lo anterior es más preocupante si tenemos en cuenta que la empresa en cuestión ha venido reprogramando sus compromisos de inversión para la protección del medio ambiente (contenidos en el Programa de Adecuación Medio Ambiental, más conocido como PAMA) en La Oroya, lo cual ha significado que actualmente ésta sea considerada una de las 10 zonas más contaminadas del mundo.

Si tenemos en cuenta el periodo excepcional de bonanza que nuestra mineria tuvo hasta hace poco, se debería suponer que todo empresario del ramo, previsor y conocedor de su negocio se preocupó en generar ahorros suficientes para enfrentar coyunturas adversas como la actual. Si no fue así, tendrá que tomar decisiones duras e impopulares (como despedir personal) a fin de corregir sus errores y mantener, de ser posible, su empresa a flote. Así se supone que son las cosas en una economía de libre mercado.

Todo esto contribuye al deterioro de la imagen de la inversión minera en el país, la cual no tiene que estar reñida necesariamente con una gestión responsable del medio ambiente. Al contario de lo que muchos sectores interesados se empeñan en divulgar entre la población.

Parece ser que, como antaño, el objetivo no es buscar el mayor beneficio para la población, sino asegurar la siempre esquiva aprobación presidencial en las encuestas o también el apoyo interesado de algunos "empresarios " sufiicentemente influyentes.

Como se ve, el idiota, a pesar de los esfuezos por contenerlo, siempre se las arregla para salir a la luz.

A Propósito del Museo de la Memoria.

Una de las deudas pendientes de las opciones de derecha liberal en latinoamerica es incorporar, dentro de su discurso, reivindicaciones de temas relacionados con aspectos como los Derechos Humanos.

Si bien es cierto, los defensores de la libertad política y económica han logrado tener cierta presencia dentro de la Sociedad Civil,(entendida como el conjunto de organizaciones surgidas del sector privado, cuya preocupación son los temas de interés público, y bajo esta premisa pueden encjar desde los clubes de madres u organizaciones vecinales hasta los gremios empresariales y las tan mentadas ONG), sobre todo en aspectos relacionados con la economía, aún no se expresa contundentemente preocupándose por la promoción de la libertad política y el desarrollo de una cabal ciudadanía.

Este tipo de omisiones ha sido rápidamente aprovechado por sus rivales de la izquierda, quienes, hay que reconocerlo, con un trabajo paciente han logrado que sus planteamientos se conviertan en puntos de agenda impulsados mediante la Sociedad Civil, pretendiendo con ello dotar de legitimidad a sus propuestas.

Un ejemplo de lo afirmado en los párrafos precedentes es lo ocurrido con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo objetivo central, que se puede interpretar como: el recconocimineto de los derechos humanos y ciudadanos de todos aquellos afectados por la violencia durante los 80 y 90, se ve afectado en su legitimidad debido fundamentalmente a que la CVR consagra, en gran medida, sólo una visión de los años de conflicto, sin un contrapeso ideológico que demuestre una voluntad de consenso.

Si hubiese habido, dentro de la Sociedad Civil, organizaciones preocupadas por estos temas, desde desde una perspectiva liberal, de seguro, el trabajo de la CVR habría recogido sus aportes logrando con ello una mayor voluntad de consenso y, consecuentemente, legitimidad.

Para ilustrar este punto me permito citar a Martín Tanaka "... el informe de la CVR no logra desprenderse del todo de alguna “marcas” de su conformación: esto es, la conformación de la comisión con varios miembros clave provenientes de la izquierda, que a su vez, evidencia la ausencia dentro de ésta de un balance a fondo de sus conflictivas relaciones con la democracia reprentativa y, de otro lado, la marca de formación de la comisión en el marco de gobiernos que se dieron en opsición al fujimorismo, lo cual dificultó una mejor evaluación tanto de éste, como del dilema entre eficiacia y autoritarismo que expresó”

Sobre la ambiguedad entre democracia representativa (los ciudadanos, mediante el voto ejercen su derecho a elegir y ser elegidos como representantes) y democracia participativa (los ciudadanos ejercen el derecho de libre asociación para agrupar sus intereses dispersos y manifestar sus preocupaciones respecto del diseño, implementación o evaluación de determinadas políticas públicas) hay que decir que, durante los 80, a pesar de ser la segunda fuerza electoral del Perú (lo que le otorgaba legitimidad suficiente en términos de democracia representativa), la izquierda peruana nunca hizo un deslinde determinante condenando las acciones de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, cuyo objetivo central era el derrocamiento del orden democrático para la imposoción de un régimen comunista (pervirtiendo así la idea de democracia participativa)

Una situación parecida se denota al revisar las conclusiones de la CVR, la cual califica como partido político a Sendero Luminoso (PCP- Sendero Luminoso), cayendo, de esta manera, en una contardicción, pues, si un partido político es considerado como tal, se da por descontado que acepta participar en una contienda electoral, respentando las reglas de juego democrático.

Un hecho que refuerza esta posición es que, poco despúes de finalizado el trabajo de la CVR se aprobó en el Perú una Ley de Partidos Políticos, cuyo espíritu era precisamente formalizar los procedimeintos por los cuales diversas organizaciones adquirían la calidad de partido político para competir así en un proceso electoral.


Aunque en honor a la verdad, sí se deja claramente establecido que, el erróneamente denominado, PCP Sendero Luminoso utilizó métodos terroristas y fue responsable de la mayor cantidad de víctimas durante el periodo analizado. Sin embargo, un verdadero analisis neutral no le hubiese dado a Sendero Luminoso la catergoría de partido político sobre todo por consideraciones éticas elementales.

En cuanto al dilema entre eficiencia y autoritarismo, la CVR no realiza un análisis objetivo de la estrategia antisubversiva fujimorista ni de las circunstancias que condicionaron su aplicación.

Desde luego, poco abona en favor del fujimorismo, o de las fuerzas armadas, su falta de capacidad de autocrítica, para reconocer que se cometieron errores, por no decir horrores, durante su gestión en términos de lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, como me dijo alguien muy perzpicaz, el trabajo de la CVR es un primer paso, una primera piedra sobre la cual podremos construir muestros consensos, nuestra memoria. Así que conozcamos, difundamos y discutamos sus conclusiones, pues en una verdadera democracia no exieten la verdades absolutas.