Parece que el optimismo desbordado de nuestras autoridades gubernamentales, poco a poco, se va moderando. Prueba de ello es que el actual ministro de Economía y finanzas ha pronosticado para este año un crecimiento del PBI de 5%, más acorde con las proyecciones de la mayoría de analistas locales e internacionales.
Por otro lado, las medidas anunciadas recientemente por el Ejecutivo constituyen, en su mayoría, lamplementación del Plan Anticrisis anunciado por el Gobierno en diciembre pasado. Entre lo positivo de este conjunto de dispositivos legales hay que reseñar normas cuya intención sería agilizar el proceso de Inversión Pública, fundamentalmente en infraestructura.
Así por ejemplo, mediante el DU 011-2009, se destinan S/. 350 millones para el mantenimiento preventivo de las instituciones educativas públicas y del Estadio Nacional. Sobre esta medida hay que decir que, al ser gastos de mantenimiento, (no de inversión, es decir, no se refieren a proyectos) éstos pueden ejecutarse más rápido ya que no requieren pasar el filtro Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Claro está, lo anterior presupone que las distintas entidades beneficiarias (llamadas para fines presupuestales Unidades Ejecutoras) están en capacidad de llevar a cabo, con la debida celeridad, los distintos procesos (estudios de mercado, licitaciones, adjudicaciones, etc) necesarios’ para la ejecución de este tipo de gasto sin problemas.
Una decisión que va en la misma línea de aceleración del gasto es la puesta en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, la cual da más capacidad de decisión a los responsables de cada pliego, ya sea a nivel de gobierno nacional, regional o local, en la solución de controversias que pudieran surgir en el desarrollo de los distintos procesos para la adquisición de bienes y servicios o la construcción de obra pública. Lográndose así que, el CONSUCODE descentralice parte de sus responsabilidades
En cuanto al Gasto de Inversión propiamente dicho, se han declarado de de necesidad de ejecución prioritaria, un grupo de proyectos de inversión, por un monto de S/. 1900 millones de nuevos soles. Mediante esta medida, se ha asegurado el financiamiento de todos estos proyectos (todos referidos a infraestructura) durante el presente año, es decir, no podrán ser objeto de eventuales recortes presupuestales. De la misma manera, la Ley de Presupuesto permite que los proyectos que supuestamente debían terminarse de ejecutar el año pasado y que aún cuentan con saldos a favor, puedan seguir contando con ellos, sin que reviertan otra vez al Ministerio de Economía, hasta el 31 de marzo, lo cual cosntituye un verdadero desafío debido al poco tiempo con que se cuenta.
Teniendo en cuenta lo anterior, subsiste la preocupación por las capacidades de ejecución de gasto en todo el Sector Público, pues hasta ahora nada se ha dicho sobre cómo asegurarase que las distintas unidades ejecutoras cuenten con personal calificado, conocedor de la normativa pertinenete y con experiencia suficiente para llevar a cabo de manera transparente los diversos procesos que comprenden la adquisición de bienes y servicios así como también la licitación de obras, cumpliendo con los plazos y montos establecidos.
La utilización frecuente de instrumentos como convenos marco con instituciones especializadas en la gestión de proyectos (tal es el caso de la UNOPS o la ahora desacreditada OEI) se ha convertido en una alternativa para aquellas autoridades que no tienen, entre sus funcionarios, personal adecuado para la ejecución oportuna de sus proyectos. No obstante, muchas veces estos convenios se rigen por sus propias reglas y escapan a la normativa establecida por el Estado, atentando contra la debida transparencia.
Por otro lado, entre las medidas más controversiales del paquete se puede contar el sorpresivo aumento del drawback (devolución de impuestos) de 5% a 8%, al sector exportador no tradicional. Y es que, considerando el excepcional periodo de bonanza con el que nuestros exportadores se han beneficiado, es de suponer quye se deberían encontar preparados para afrontar un periodo de crisis inyternacional como éste sin tener que recurrir al buen Estado. A lo que hay que agregar que actualmente el citado instrumento tributario ha pasado a ser en buena cuenta un subsidio, ya que la mayoría de insumos que los exportadores deben importar para la fabricación de sus productos, paga un arancel promedio de 1% a 2%.
Como se ve, la miopía del corto plazo predomina entre nuestras autoridades y empresarios y se apuesta por un aumento artificial de competitividad las exportaciones peruanas, lo cual relega reformas urgentes que sí redundarían en una amyor competitividad sostenible en el largo plazo, como uana mejor infraestructura vial y portuaria la cual disminuiría dràsticamente los costos de transacción y transporte que la oferta exportable tiene que enfrentar, logrando con ello obtener una verdadera competitividad.
