Al parecer primó la sensatez y se buscó una mejor salida para el grave problema financiero en el que se encuentra la empresa minera Doe Run Perú (DRP), propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya.
Ya no seremos los contribuyentes quienes, con nuestros impuestos, asumamos el costo de malas decisiones empresariales o contextos externos adversos, sino mas bien, ahora capitales privados, fundamentalmente propiedad de firmas proveedoras de esta compañía, le permitirán, a través de un préstamos de US$. 175 millones, mantenerse a flote.
Si bien es cierto, se ha sostenido que esta medida tiene como objetivo fundamental proteger los puestos de trabajo directos e indirectos de más de 3,000 personas, vale la pena leer estas buenas intenciones entre líneas y tratar de descubir cuáles fueron, además del siempre "marketero" rótulo de la responsabilidad social, los incentivos que llevaron a estos empresarios a lanzarle una tabla de salvación a DRP.
Como ya se sabe, esta historia empieza a hacerse pública cuando un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) niega a la empresa un crédito de US$ 75 millones que iba a ser empleado en cubrir diversos gastos relacionados con capital de trabajo (aquel capital que se necesita para asegurar la capacidad operativa de la empresa y que se destina al pago de remuneraciones, compra de insumos, etc). Gran parte de este dinero hubiera sido seguramente usado para cancelar parte de la deuda pendiente de DRP con sus proveedores de concentrados (insumos fundamentales para los procesos de refinamiento en el complejo metalurgico de La Oroya), la cual ascendería, según ha trascendido, a US$ 100 millones.
Ante esta situación y al no poder cumplir ni siquiera con sus obligaciones de corto plazo, DRP pidió ayuda del Gobierno a fin de evitar caer en un proceso de insolvencia ante INDECOPI y con ello concluir sus actividades, dejando a la población de La Oroya no sólo sin su principal demandante de trabajo, sino también con un evidente riesgo de aumento de la contaminación ambiental por un Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA) inconcluso.
Estos dos factores seguramente fueron utilizados como elementos de presión ante el Gobierno en las negociaciones para obtener el salvataje financiero por cuenta del Estado. Sin embargo, acceder a una solicitud como ésta, hubiera significado un nefasto precedente si lo que se busca es que el empresariado compita libremente en una economía de mercado, sin depender de los favores del estatales para mantener su rentabilidad.
Ahora bien, si DRP se hubiese declarado en insolvencia ante INDECOPI y hubiese salido del mercado, se habría buscado hacer líquidos sus activos (vale decir venderlos) para enfrentar las obligaciones de la firma con sus acreedores, quienes habrían esperado, en orden de prelación, que se honrre sus deudas.
Uno de los principales proveedores de DRP es su propia casa matriz Renco Group, por lo cual habría existido un gran riesgo de que esta empresa hubiese ejercido su derecho de reclamar lo que se le adeudaba, en prejuicio de los otros acreedores que estaban en igual situación.
Lo reseñado en el párrafo anterior sería la explicación de por qué un grupo de empresas del ramo (como Buenaventura o Trafigura) se han "solidarizado" con DRP y le han permitido acceder a un crédito de US$ 175 millones para cubrir sus necesidades de capital de trabajo y compra de concentrados, liberando al Estado de la responsabilidad de cargar con errores ajenos.
Otro aspecto que señalar, al revisar las estadísticas de cuadro que acompaña esta entrada, lo cosntituyen los apreciables márgenes de rentabilidad de DRP durante el periodo 2005-2007, los cuales venían incrementándose por encima del ritmo de crecimiento de las inversiones previstas en el PAMA durante el mismo periodo. Al constatar este hecho, se puede fácilmente suponer que buena paate de las utilidades generadas, no se reinvertían, sino que eran enviadas como remesas a la casa matriz de la empresa ubicada en EEUU.
Al respecto, como se ve en el cuadro superior, el porcentaje de las ventas que se destinó al PAMA fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar el 12.21% en el el periodo enero setiembre del 2008, esto se explica en gran medida debido a la RM N° 257-2006-MEM/DM mediante la cual se crea un fideicomiso con los fondos del PAMA para asegurar la inversión medioambiental.
En la misma línea va la exigencia del Gobierno en lo referente a poner como garantía el 100% de las acciones de DRP al cumplimiento del PAMA, cuya última postergación vence el octubre próximo. Según se ha informado, habría una nueva ampliación en el plazo del cumplimiento del PAMA HASTA EL 2010, sujeto a la vez, a un aumento del capital de la empresa por parte de su casa matriz. Sin duda, es responsabilidad del OSINERGMIN velar por el cumplimiento de estos compromisos.
Asímismo, para aumentar la trasnparencia en el manejo de la empresa, se denería asegurar que sus estados financieros estén disponibles pra el análisis de cualquier interesado. Actualmente, al ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y, consecuentemente, no cotizar en bolsa, DRP no está obligada a hacer pública su información financiera.
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