Ejecutando al Núcleo

La iniciativa presidencial sobre los llamados Núcleos Ejecutores (NE), qué duda cabe, ha sido cuestionada por analistas de las más variadas tendencias. Sin embargo, hace pocos días, el Ejecutivo, para variar, mediante el Decreto De Urgencia N° 085 -2009, ha tratado de aclarar varios temas al respecto.

El mencionado dispositivo legal, dispone que los Gobiernos Locales o Regionales puedan hacer uso de hasta el 6% de sus recursos destinados a proyectos de inversión pública (PIP) a fin de que sean ejecutados bajo esta modalidad, lo cual, afortunadamente, revela cierta cautela de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en las expectativas sobre cuán eficientes serán los NE en la administración de los fondos a su cargo.

Para ser reconocidos como tales, los NE deberán representar a no menos de 100 personas de comunidades campesinas, nativas, asentamientos humanos rurales y urbanos, etc. Asimismo, presentarán sus propuestas a través de convenios con los gobiernos regionales o locales, quienes les transferirán el dinero para llevarlas a cabo, una vez que sean aprobadas.

Otro aspecto importante es que los NE podrán presentar iniciativas que abarquen tanto la ejecución de un PIP o el mantenimiento de infraestructura. El planteamiento de esta segunda alternativa, en la práctica, permitiría una ejecución de gasto más rápida, pues, al no constituir proyectos de inversión, los gastos de mantenimiento de infraestructura no pasan por el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En otras palabras, sólo se requeriría de de la elaboración del expediente técnico correspondiente (elaboración de planos, estudios de suelos, estructuras, etc) como paso previo para el inicio del proceso de ejecución de la obra.

Sin embargo, la elaboración de un expediente técnico, desde luego, requiere el concurso de profesionales en ingeniería especializados que, se supone, deberán asesorar a los responsables del NE a fin de que dicho documento cumpla su finalidad y no se incurra en errores posteriores al momento de iniciar la obra, por estudios mal realizados. Lo anterior, hace necesario un esfuerzo de coordinación y monitoreo por parte de los distintos niveles de gobierno para asegurar que los NE cuenten con la asistencia técnica pertinente, labor para la cual, considerando los pobres resultados en cuanto a ejecución de gasto de inversión en todo el sector público, los recursos humanos calificados disponibles no serán suficientes para atender la gran demanda que se generará.

El monto máximo que podrá asignarse para un PIP presentado por un NE es 100 unidades impositivas tributarias (UIT). Por lo tanto, los recursos, según se desprende de la norma, se destinarán a intervenciones pequeñas (construcción de escuelas, centros de salud, por ejemplo). Dentro del SNIP, este tipo de proyectos, son denominados PIP menores y cuentan con procedimientos más rápidos de aprobación y declaratoria de viabilidad.

Por otra parte, se supone que existe (o debería existir) un buen margen de estandarización en lo referente a especificaciones técnicas e identificación de costos de este tipo de proyectos (es decir, no es tan complicado, por ejemplo, construir un centro de salud básica o una escuela y debe costar aproximadamente lo mismo de región a región).

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto las OPI, como las Direcciones de Administración en los distintos niveles de gobierno, deberían estar en capacidad de elaborar PIP y expedientes técnicos tipo, presentados a través de fichas o formularios que los representantes de cada NE puedan llenar basándose en la información pertinente para cada caso. Un esfuerzo de coordinación en esta línea, podría contribuir para que la iniciativa de los NE llegue a buen puerto y se evitaría así su mal uso con criterios políticos.

En resumidas cuentas, los NE son una buena idea, pero requieren de acciones complementarias por parte del Sector Público para que cumplan su cometido. De otro modo, habrá que recordarle a nuestras autoridades, que de buenas intenciones (o sólo con ellas) está empedrado el camino al infierno

¿Gastar Más Es Gastar Mejor?

La literatura en teoría económica define recesión como un periodo mayor de doce meses en el que el Producto Bruto Interno (PBI) presenta un crecimiento negativo. De la misma manera, se recomienda que para enfrentarla hay que recurrir a políticas fiscales expansivas (entiéndase mayor nivel de gasto de Gobierno) a fin de mantener el nivel de la actividad económica.

Desde este punto de vista, no se puede afirmar enfáticamente que en el caso peruano se experimente un fenómeno de esta naturaleza, pues en lo que va del año, los pronósticos del Gobierno y agencias independientes sitúan el crecimiento del PBI en un rango entre el 1% y el 3%, niveles, desde luego, insuficientes para disminuir las tasas actuales de desempleo y subempleo locales, pero que, en comparación con el desempeño de otras economías, son más que alentadores.

Entonces, en términos técnicos, se puede encontrar una desaceleración significativa, pero, de ninguna manera una recesión A pesar de lo anterior, como ya se dijo, en épocas de recesión se apuesta por el Gasto Público para mantener los niveles de crecimiento económico.

Sin embargo, al revisar las cifras, es fácil constar que el llamado Sector Público no equivale a más del 11% del PBI y más aún, el llamado Gasto de Inversión (destinado para la realización de proyectos de inversión) no alcanza más del 5% del mismo. Desde luego, esta reducción en la participación del Estado es un signo positivo, pues refleja que luego de más de 60 meses de crecimiento sostenido, la dinámica del Sector Privado es el verdadero impulsor de la economía.

Si bien es cierto, en el caso peruano, hablar de recesión es, por lo menos opinable, una mayor y oportuna ejecución de gasto público podría generar expectativas favorables en el resto de agentes económicos y con ello, procurar que los pronósticos positivos se cumplan e incluso se superen como resultado de una mayor confianza.

Tradicionalmente se ha culpado al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como la principal traba en la ejecución de gasto de inversión, sustentándose, según sus detractores, en demoras en la aprobación de proyectos de inversión y trámites burocráticos excesivos. Sin embargo, luego de 9 años de su creación el SNIP ya se encuentra bastante descentralizado, prueba de ello es que ahora las regiones cuentan con sus propias Oficinas de Proyectos de Inversión (OPI) las cuales evalúan y aprueban los proyectos que las diversas unidades ejecutoras de su jurisdicción presentan, prueba de ello es que, hoy en día, aproximadamente el 73% de los proyectos presentados al SNIP son aprobados y declarados viables por las OPI en los distintos niveles de gobierno, con lo cual quedan listos para su ejecución.

Como se ve en el gráfico que acompaña esta entrada la mayor cantidad del presupuesto se destina a los Gobiernos Locales. Sin embargo, la ejecución de los recursos presupuestales destinados a la adquisición de activos no financieros (es decir proyectos de inversión) no alcanza ni siquiera el 30% ya sea en el gobierno, nacional (28.08%), regional (22.52%) o local (29.51%) a la fecha.

Las razones detrás del lento ritmo de ejecución son de diversa índole. Así por ejemplo, la estacionalidad es un fenómeno que afecta al gasto público de inversión. A principios de año, fundamentalmente en zonas de sierra y selva, por factores climáticos, la ejecución de proyectos no es tan dinámica pues la presencia de lluvias condiciona la construcción de puentes, centros de salud, carreteras, etc. Bajo estas condiciones, hacia mediados de año, si bien la ejecución presupuestal no debería estar al 50%, por lo menos, debería alcanzar un rango entre 35% al 40% para ser eficiente, claro, teóricamente hablando. Sin embargo, como ya se reseñó, en todos los niveles de gobierno, en promedio, la ejecución presupuestal de gastos de inversión no alcanza ese rango.

Otro aspecto importante es la normatividad que regula los procesos de contrataciones en el Estado, al respecto, a través del Decreto Legislativo N° 1017, su reglamento y una serie de Decretos de Urgencia complementarios, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) ha delegado facultades a los distintos pliegos de los gobiernos nacional, regional y local, en lo referente a materias como absolución de consultas y solución de eventuales controversias surgidas en los procesos hasta determinados montos. Asimismo, para procesos que involucren montos menores a aproximadamente novecientos mil soles (que en condiciones normales serían considerados licitaciones públicas con sus propias características y plazos), se han acortado plazos al considerarlas procesos de menor cuantía, con lo cual, lo que se busca es facilitar y flexibilizar el gasto.

Sin embargo, el factor más importante que condiciona la ejecución de gasto es la ausencia de cuadros calificados encargados de la gestión de proyectos. Estos grupos multidisciplinarios, conformados por economistas, ingenieros, arquitectos etc serían los responsables no sólo de formular y evaluar los distintos proyectos, sino sobre todo de llevar adelante los procesos de ejecución, lo que implica, entre otras cosas, la elaboración de expedientes técnicos, estudios de mercado, estudios de impacto ambiental, etc, dentro de los plazos estipulados en la normativa y en los mismos proyectos de inversión.

Desafortunadamente, la legislación en materia presupuestal, que tácitamente considera la contratación de profesionales para la gerencia de proyectos no como gasto de inversión, sino como gasto corriente, con todas las limitaciones, so pretexto de una malentendida austeridad, que esto implica, lo cual desincentiva la atracción de profesionales especializados al no poder ofrecerles remuneraciones atractivas. De hecho, la convocatoria para la selección de los primeros 32 Gerentes Públicos de SERVIR es un primer esfuerzo que va en la línea de modificar esta situación, pero, a todas luces, resulta insuficiente.

En cuanto a la iniciativa de la creación de núcleos ejecutores hay que decir que por el monto de inversión establecido para sus proyectos (menos de 400, 000 soles) esta política pública, supuestamente, está dirigida a la rápida ejecución de los mismos en manos de los beneficiarios directos organizados.

Al respecto, para evitar que los procesos de ejecución de los proyectos de los núcleos ejecutores no enfrente los problemas reseñados líneas arriba, habría que brindarles adecuada asistencia técnica, en un esfuerzo, que por su magnitud, debería comprometer a todos los niveles de gobiernó.

Como se ve, para lograr una ejecución de gasto no sólo veloz, sino sobre todo eficiente hay que abordar el problema desde diversas aristas y es aún un punto de agenda pendiente.

Historias de Dueños a Medias

Si bien es cierto no parecen ser sólo circunstanciales las continuas provocaciones de Evo Morales hacia el Gobierno peruano, me pregunto si el chavismo o sus representantes más conspicuos de este lado del continente tienen tanta influencia para ser la única explicación de las protestas que nos acompañan estos días.

Creo que ver este tema sólo desde esta óptica es como ser un caballo con anteojeras. Desde el punto de vista económico, habría que mencionar la pobre ejecución del gasto público en las zonas del país donde hay convulsión social (por ejemplo, la ejecución de los recursos destinados a proyectos de inversión en la Región Amazonas, sólo llega, a mitad de año, a sólo el 29% de su presupuesto y eso, suponiendo que se ha gastado bien, porque evaluaciones sobre el impacto del gasto aún no se realizan).

Sin contar además con lo inadecuado que parece ser el sistema de reparto del canon. Si sólo se toma como criterio determinante de la distribución de éste a la población que existe en las áreas beneficiarias, va a ser difícil que logres beneficiar inmediatamente a comunidades nativas, pues estas son demasiado pequeñas para recibir transferencias significativas.

Sin contar, además, con que, a pesar de que tanto han peleado por una efectiva descenrealización, las regiones parecen no dar la talla a la hora de gestionar sus, por ahora, grandes presupuestos (plata tienen, ahora gasten y háganlo bien)

Habría también que intentar transferencias directas de dinero a la población, acompañadas por un adecuado empadronamiento y condicionadas al logro de metas educativas, nutricionales, etc. En otras palabras, tratar de replicar y adecuar, para cada caso, las premisas principales de un programa como Juntos.

En lo político, son más que evidentes las deficiencias en los mecanismos de democracia representativa para canalizar determinadas demandas. ¿Acaso no hay consejos regionales, con representantes democráticamente elegidos, que deberían funcionar como espacios efectivos no sólo de discusión, sino también de priorización de políticas públicas?

Ante estas carencias pues aparecen intermediarios, (desde los frentes de defensa hasta las ONG)quienes pretendenmediar entre los protestantes y el Ejecutivo, para, de paso, imponer su agenda política, lo que constituye una perversión de un concepto como la democracia participativa.

Sin embargo, una verdadera reforma, mas allá de mecanismos eficientes de distribución y gasto de regalías desde los gobiernos regionales o la simple asistencia social (condicionada o no) para las comunidades adyacentes a yacimientos de preciados recursos naturales, sería definir claramente los derechos de propiedad en esos casos.

Si uno revisa la normatividad legal existente al respecto encontará que toda persona es dueña de un terreno al adquirirlo, heredarlo, recibirlo como donación etc, de tal manera que puede edificar sobre él lo que crea conveniente, De la misma manera puede venderlo, traspasarlo, es decir transarlo libremente en el mercado. De la misma manera, dicha persona también es dueña del subsuelo del terreno, siempre y cuando (qué casualidad) no se encuentre en él yacimientos de recursos naturales, en cuyo caso el Estado tiene la potestad de concecionarr o explotar él mismo este yacimiento.

Bajo estas condicones, es mucho más fácil entender por qué protestan las comunidades ante actividades como la minería, pues, en la práctica, ven lesionados sus derechos de propiedad por parte de quien supuestamente debería velar por ellos: El Estado, sin importar las supuestas buenas intenciones de este ogro filantrópico.

Si los derechos de propiedad estuvieran claramente definidos (tanto en el suelo como en el subsuelo) ñas comunidades en su calidad de dueñas, podrían negociar libremente con quienes se interesen en explotar sus tierras y, por supuesto, se beneficiatán directamente de los beneficios económicos de la transacción.

Obviamente éste no sería un cambio que se daría de la noche a la mañana de manera sencilla; es más bien una tarea de mediano plazo, pero, pero de seguro, lograría de manera irreversible la tan ansiada inclusión de los marginados, ya que dejarían ser ser dueños a medias.

Comentemos la Sentencia.

Como me gusta ir contra la corriente, demoré en tratar el tema de la sentencia a Fujimori. Dado que no soy abogado y el docmento en cuestion plantea muchas cuestiones dignas de discusión desde un punto de vista técnico, me avoqué a buscar alguna opinión calificada, de preferencia, tal vez sólo por fastidiar, alejada del consenso que impera actualmente en los medios de comunicación, donde se le otorga al documento un caracter de dogma bíblico, sin opción a cuestionamiento alguno. So pena de ser calificado de antidemocrático, fujimorista, filo autoritario, etc.

Hoy en la mañana encontré en Correo una entrevista de M;ario Camoirano a Enrique Ghersi, donde se palantean una serie de reparos atendibles a la referida sentencia. Desde luego, esto no descaliifca el trabajo del juez San Martín y su equipo. Sin embargo, si aporta en el debate de un tema que, aunque a muchos no nos guste, ha polarizado la opinión pública.

De seguro, muchos me dirán que Ghersi ha tenido entre sus clientes a muchos personajes de honorabilidad cuestionable y, por eso no prestarán atención a lo que tuene que decir, pero, si queremos vivir en democracia, no deberiamos intentar desacreditar el mensaje, por quien lo porta, sino mas bien, combatir ideas con ideas más contundentes.

Por supuesto, lo que considero más importante de sus argumentos, está convenientemente resaltado.

Los dejo con la entrevista y recuerden, en una verdadera democracia, no hay verdades absolutas.

¿La sentencia a Fujimori le parece de una factura y solidez intachable?

No. Es una sentencia ideológica que no se basa en hechos sino en argumentos. Por ejemplo, utiliza la doctrina del autor mediato porque es más fácil condenar a Fujimori por esa vía que utilizando la doctrina tradicional de la coautoría. Fujimori ha caído en manos de sus enemigos ideológicos, de manera que todo el proceso en su contra es en realidad político y no sólo jurídico. En el Perú la justicia no limita al poder sino que lo refleja. Fujimori supo reconocer la verdad de esto como gobernante; por eso me resulta paradójico que hoy día sea también una de sus víctimas.

¿Si la sentencia de extradición se pronunció a favor de los delitos de homicidio calificado y lesiones, es correcto que se le termine sentenciando por delito de lesa humanidad? ¿No denota ello una intencionalidad de cortarle la posibilidad del indulto?

No se le ha sentenciado por lesa humanidad. Los párrafos que lo mencionan están en la parte considerativa y no en la resolutiva. No podrían hacerlo. La Corte Suprema de Chile no concedió la extradición por ese delito, ni estaban tipificados en la legislación peruana. San Martín es demasiado inteligente como para cometer ese error. Lo que ha hecho es indicar el argumento para soplarles la plana a los otros jueces que verán este caso en el futuro, menos avisados que él. La pregunta es: ¿Puede la parte resolutiva elaborar sobre crímenes de lesa humanidad no habiendo sido extraditado Fujimori por eso? La respuesta es menos clara. La parte resolutiva forma parte integrante de la sentencia. Hay desarrollos jurisprudenciales que permiten inclusive apelar los considerandos de una sentencia. Siendo así, la defensa de Fujimori podría perfectamente señalar este defecto para buscar una nulidad de la sentencia.

Pero entonces, ¿cabe el indulto o no?

El indulto viene del derecho de gracia divino. En la Constitución peruana es inmotivado e irrevisable. La revisión judicial del indulto ya se intentó en el Perú en el caso Jaililie. Precisamente la Sala de Elvia Barrios (que hoy integra la sala suprema que revisará la sentencia de Fujimori) se negó a reconocer el indulto que Toledo concedió. Esto obligó a su defensa a interponer un hábeas corpus, que finalmente fue declarado fundado y lo dejaron en libertad. Esta situación podría repetirse en este caso. Todo indulto es un acto político. Como tal, las fuentes de su legitimidad no dependen de las leyes sino de la opinión mayoritaria.

Se ha cuestionado la aplicación de la teoría de la autoría mediata por dominio del hecho, pero, ¿cómo se hubiera podido condenar a Abimael Guzmán sin aplicarla?

Para condenar a Abimael bastaba la doctrina tradicional de la coautoría. No era necesaria la doctrina del dominio del hecho. Pero igual, en ambas se necesita probar la responsabilidad personal. En el caso del dominio del hecho, además el responsable sólo responde por lo que fue su objetivo y no por los excesos. Eso está claro en la doctrina, pero lamentablemente el fallo no parece tener la misma claridad, pues se le atribuye responsabilidad por actos que claramente exceden cualquier intención de su parte. No es posible deducir a partir de indicios la intención de actuar con exceso.

¿Los fujimoristas le han advertido a Alan García que será el próximo en el banquillo y los apristas les han respondido que son casos muy distintos y que el actual Presidente no fue un dictador. ¿Tiene de qué preocuparse?

Creo que la sentencia, aparentando ser muy dura con la violación de los derechos humanos, en realidad le manda a García un mensaje muy claro: "La cosa no es contigo, no te preocupes". Para el efecto recurre a un sofisma sobre la cualidad de la persona. La historia que cuenta el fallo es que cuando Fujimori se convierte en dictador asume completamente la responsabilidad por todo lo que ocurre en el Estado peruano, sin ninguna posibilidad de escudarse en la división de poderes. Contrario sensu, como Alan fue un presidente democrático, no se le aplicaría la teoría del dominio del hecho.

¿Es correcto que el Tribunal haya comenzado a redactar la sentencia antes del término de los alegatos, como al parecer ocurrió?

No. Es un muy grave error. Demuestra prejuicio. Es como decirle al acusado que no lo están escuchando: "Que diga lo que le dé la gana". Creo que con eso los jueces han empañado la correcta formalidad que habían aparentado a lo largo del juicio. Al arrogante alegato político del ex presidente contestaron con un no menos arrogante desdén.

¿Existe espacio para una nulidad de la sentencia o sólo para su eventual reducción? ¿Cree que la sala revisora se podría apartar de la teoría del dominio del hecho?

Después de veinticinco años de ejercicio profesional me he dado cuenta de que más importantes que los argumentos son las personas. Conociendo a quienes integran la sala suprema que revisará la sentencia no creo que Fujimori tenga ninguna opción. Duberlí Rodríguez fue diputado de izquierda del 85 al 90. Elvia Barrios y Neyra han tenido una trayectoria claramente inclinada a condenar a todos los miembros del gobierno de Fujimori. Barandiarán es menos rígido. Declaró fundada una excepción de naturaleza de acción en favor de Manuel Ulloa. Pero no creo que actúe con tanta independencia en este caso. Biaggi no tiene posición conocida, pero familiarmente es muy cercano a Alan García. En teoría pueden anular o reducir, pero no creo que lo hagan. Van a confirmar. Estoy casi seguro.

¿Le durará el impulso de la reacción a la sentencia a su padre a la candidata Keiko Fujimori o necesitará desarrollar otras estrategias para mantenerse en la cresta de la ola?

La sentencia claramente ha polarizado a la opinión pública, pero faltando dos años para las elecciones podría ocurrir que ese impulso inicial sea insuficiente para organizar una campaña electoral. Sin embargo, la condena no dejará de ser uno de los temas de las próximas elecciones. Resulta una paradoja que la sombra de Fujimori se proyecte por tanto tiempo en el panorama electoral peruano.

Doe Run: Con Una Ayudita de Mis Amigos.

Al parecer primó la sensatez y se buscó una mejor salida para el grave problema financiero en el que se encuentra la empresa minera Doe Run Perú (DRP), propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya.

Ya no seremos los contribuyentes quienes, con nuestros impuestos, asumamos el costo de malas decisiones empresariales o contextos externos adversos, sino mas bien, ahora capitales privados, fundamentalmente propiedad de firmas proveedoras de esta compañía, le permitirán, a través de un préstamos de US$. 175 millones, mantenerse a flote.

Si bien es cierto, se ha sostenido que esta medida tiene como objetivo fundamental proteger los puestos de trabajo directos e indirectos de más de 3,000 personas, vale la pena leer estas buenas intenciones entre líneas y tratar de descubir cuáles fueron, además del siempre "marketero" rótulo de la responsabilidad social, los incentivos que llevaron a estos empresarios a lanzarle una tabla de salvación a DRP.

Como ya se sabe, esta historia empieza a hacerse pública cuando un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) niega a la empresa un crédito de US$ 75 millones que iba a ser empleado en cubrir diversos gastos relacionados con capital de trabajo (aquel capital que se necesita para asegurar la capacidad operativa de la empresa y que se destina al pago de remuneraciones, compra de insumos, etc). Gran parte de este dinero hubiera sido seguramente usado para cancelar parte de la deuda pendiente de DRP con sus proveedores de concentrados (insumos fundamentales para los procesos de refinamiento en el complejo metalurgico de La Oroya), la cual ascendería, según ha trascendido, a US$ 100 millones.

Ante esta situación y al no poder cumplir ni siquiera con sus obligaciones de corto plazo, DRP pidió ayuda del Gobierno a fin de evitar caer en un proceso de insolvencia ante INDECOPI y con ello concluir sus actividades, dejando a la población de La Oroya no sólo sin su principal demandante de trabajo, sino también con un evidente riesgo de aumento de la contaminación ambiental por un Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA) inconcluso.

Estos dos factores seguramente fueron utilizados como elementos de presión ante el Gobierno en las negociaciones para obtener el salvataje financiero por cuenta del Estado. Sin embargo, acceder a una solicitud como ésta, hubiera significado un nefasto precedente si lo que se busca es que el empresariado compita libremente en una economía de mercado, sin depender de los favores del estatales para mantener su rentabilidad.

Ahora bien, si DRP se hubiese declarado en insolvencia ante INDECOPI y hubiese salido del mercado, se habría buscado hacer líquidos sus activos (vale decir venderlos) para enfrentar las obligaciones de la firma con sus acreedores, quienes habrían esperado, en orden de prelación, que se honrre sus deudas.

Uno de los principales proveedores de DRP es su propia casa matriz Renco Group, por lo cual habría existido un gran riesgo de que esta empresa hubiese ejercido su derecho de reclamar lo que se le adeudaba, en prejuicio de los otros acreedores que estaban en igual situación.

Lo reseñado en el párrafo anterior sería la explicación de por qué un grupo de empresas del ramo (como Buenaventura o Trafigura) se han "solidarizado" con DRP y le han permitido acceder a un crédito de US$ 175 millones para cubrir sus necesidades de capital de trabajo y compra de concentrados, liberando al Estado de la responsabilidad de cargar con errores ajenos.

Otro aspecto que señalar, al revisar las estadísticas de cuadro que acompaña esta entrada, lo cosntituyen los apreciables márgenes de rentabilidad de DRP durante el periodo 2005-2007, los cuales venían incrementándose por encima del ritmo de crecimiento de las inversiones previstas en el PAMA durante el mismo periodo. Al constatar este hecho, se puede fácilmente suponer que buena paate de las utilidades generadas, no se reinvertían, sino que eran enviadas como remesas a la casa matriz de la empresa ubicada en EEUU.

Al respecto, como se ve en el cuadro superior, el porcentaje de las ventas que se destinó al PAMA fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar el 12.21% en el el periodo enero setiembre del 2008, esto se explica en gran medida debido a la RM N° 257-2006-MEM/DM mediante la cual se crea un fideicomiso con los fondos del PAMA para asegurar la inversión medioambiental.

En la misma línea va la exigencia del Gobierno en lo referente a poner como garantía el 100% de las acciones de DRP al cumplimiento del PAMA, cuya última postergación vence el octubre próximo. Según se ha informado, habría una nueva ampliación en el plazo del cumplimiento del PAMA HASTA EL 2010, sujeto a la vez, a un aumento del capital de la empresa por parte de su casa matriz. Sin duda, es responsabilidad del OSINERGMIN velar por el cumplimiento de estos compromisos.

Asímismo, para aumentar la trasnparencia en el manejo de la empresa, se denería asegurar que sus estados financieros estén disponibles pra el análisis de cualquier interesado. Actualmente, al ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y, consecuentemente, no cotizar en bolsa, DRP no está obligada a hacer pública su información financiera.

Recordemos Juntos.

Aunque comprendo las suspicacias de algunos sobre la verdadera voluntad política del Gobierno para la construcción de un Museo de la Memoria (ver la caricatura que ilustra esta entrada), se debería aprovechar este gesto como una ventana de oportunidad para la construcción de una verdadera memoria colectiva acerca de los años de lucha contra el terrorismo.

Un primer insumo, con todas sus inexactitudes ya comentadas en una entrada anterior, es el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconcialiación, de seguro esta ocasión servirá para que éste sea debatido sin apasionamientos que tomen sus conclusiones como dogma casi bíblico o que lo descalifiquen de plano por ser excesivamente sesgado.

Un punto de agenda pendiente para la comisión encargada de esta tarea, es lograr que su trabajo refleje una verdadera visión crítica de los años de violencia y que, a la vez sepa recoger los puntos de vista de todos los involucrados en el tema.

Al respecto, creo que, al contrario de cuando se decidió la conformación de la CVR, ha pasado ya algún tiempo para que la sociedad haya logrado procesar y asimilar la experiencia traumática de aquel funesto periodo de guerra interna.

Así pues, avoquémonos a construir un consenso, con mucha capacidad de autocrítica y humildad, para no terminar sacándonos los ojos en el camino.

El Regreso del Idiota.

Hace más de una década, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza publicaron el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, texto que consiguió retratar verazmente en sus páginas a aquel típico gobernate populista y mercantilista responsable de que, en la mayoría de países latinoamericanos, el decenio de los 80 fuera conocido como la década perdida.

Aunque ahora se desvive tratando de mostrarse como un gobernante moderno, convencido de las bondades del mercado, Alan García, durante su primera gestión hizo los "méritos" suficientes para personificar en la realidad al personaje que era tema de aquel libro escrito a seis manos.

Incluso últimamente el primer mandatario ha dado muestras de aún lleva dentro de sí ,el espíritu de aquel idiota que condujo los destinos del Perú durante la segunda mitad de la década de los 80. Claro está, ahora sus arranques son más contenidos y se llevan a la práctica mediante medidas más "sofisticadas" que un burdo control de precios o la simple impresión de papel moneda sin valor.

Prueba de ello es la reciente aprobación del reglamento la Ley N° 29231: Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de Materiales, mediante el cual se permite la condonación de deudas contraidas por prestatarios en extrema pobreza o que padezcan alguna discapacidad grave. Según el Gobierno, esta medida beneficciaría a 267 mil familias pobres a nivel nacional.

Sin embargo, cabe preguntarse si los S/. 570 millones que implica la implementación de esta decisión, no pudieron ser mejor empleados a través de políticas más focalizadas que beneficien directamente a los sectores donde se quiere llegar.

En un contexto de recursos fiscales cada vez más escasos, si ya existen entidades como CONADIS o el propio MINDES, más especializadas en el diseño de políticas sociales dirigidas a estos grupos afectados, hubiese sido más eficiente emplear estos fondos en ampliar la cobertura de sus diversos programas que ellas llevan a cabo.

Todo esto sin contar con el pésimo precedente en términos de incentivo al riesgo moral (para qué me preocupo en cumplir con mis pagos si siempre el Estado va a perdonarme la deuda en último momento) que esta medida representa.

En la misma línea va la disminución de la cuota inicial en los programas MIVIVIENDA de 10% a 1%. Si los usuarios piensan ingenuamente que esta política facilitaría su acceso a una vivienda, valdría recordarles que el aparente menor desembolso de dinero de hoy, se verá reflejado posteriormente en mayores cuotas mensuales o plazos más largos en los préstamos.

De otra parte, el ánimo mercantilista de algunos empresarios deseosos hacer rentables sus negocios a costa de favores estatales, parece haber calado en el Ejecutivo, la evidencia más reciente de esto son los S/. 75 millones, provenientes del bolsillo de los contribuyentes, que se emplearían para aliviar situación financiera de la minera DOE RUN, so pretexto de proteger los puestos de trabajo que esta empresa genera.

Lo anterior es más preocupante si tenemos en cuenta que la empresa en cuestión ha venido reprogramando sus compromisos de inversión para la protección del medio ambiente (contenidos en el Programa de Adecuación Medio Ambiental, más conocido como PAMA) en La Oroya, lo cual ha significado que actualmente ésta sea considerada una de las 10 zonas más contaminadas del mundo.

Si tenemos en cuenta el periodo excepcional de bonanza que nuestra mineria tuvo hasta hace poco, se debería suponer que todo empresario del ramo, previsor y conocedor de su negocio se preocupó en generar ahorros suficientes para enfrentar coyunturas adversas como la actual. Si no fue así, tendrá que tomar decisiones duras e impopulares (como despedir personal) a fin de corregir sus errores y mantener, de ser posible, su empresa a flote. Así se supone que son las cosas en una economía de libre mercado.

Todo esto contribuye al deterioro de la imagen de la inversión minera en el país, la cual no tiene que estar reñida necesariamente con una gestión responsable del medio ambiente. Al contario de lo que muchos sectores interesados se empeñan en divulgar entre la población.

Parece ser que, como antaño, el objetivo no es buscar el mayor beneficio para la población, sino asegurar la siempre esquiva aprobación presidencial en las encuestas o también el apoyo interesado de algunos "empresarios " sufiicentemente influyentes.

Como se ve, el idiota, a pesar de los esfuezos por contenerlo, siempre se las arregla para salir a la luz.